En el panorama latinoamericano y del Caribe se revelan por lo menos dos condiciones orientadas a fortalecer la construcción del derecho a la educación: la gratuidad y la obligatoriedad, ambas de carácter reglamentario, de aplicación masiva y en respuesta a las políticas públicas nacionales.
La gratuidad de la enseñanza es un aspecto clave del acceso en tanto se da cuenta del grado en que el derecho a la educación va más allá de ser un derecho formal y se concreta como derecho exigible.
La obligatoriedad es coherente con la preocupación de aumentar la cobertura infantil como condición básica para reducir el índice de analfabetismo. Además de esas dos condiciones reglamentarias se registra un conjunto de condiciones relevantes para que el derecho a la educación sea efectivo; implica la capacidad de exigir que el derecho se concrete.
El elemento novedoso en ese sentido es la exigibilidad a través del sistema judicial, trascendiendo la exigibilidad social a la justiciabilidad. En ese contexto, la autora se propone analizar las políticas y la configuración discursiva del derecho a la educación a partir de la voz de los sujetos involucrados (gobierno, organizaciones civiles, académicos, entre otros) con el objeto de identificar los diversos posicionamientos en torno a este derecho.
