El combate y erradicación de los casos de suplantación de identidad, ciberespionaje, fraudes a la banca por Internet, distribución en línea de pornografía infantil y materiales para incitar el odio racial, entre otras acciones delictivas, son asuntos de seguridad nacional, coincidieron académicos y expertos en el Primer Encuentro Latinoamericano sobre Ciberseguridad: Delitos Cibernéticos e Informática Forense.
En el foro, realizado en la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, aludieron a la necesidad de fortalecer el marco jurídico respectivo, garantizar la seguridad de la información y la protección de los datos personales en línea, formar recursos humanos especializados y crear conciencia sobre la importancia de estos temas.
Una modalidad criminal al alza
Las acciones delictivas en línea han crecido 18 por ciento en el mundo y 80 de cada 100 conductas asociadas a la cibercriminalidad se cometen en países en vías de desarrollo. En México, se calcula que la banca pierde cerca de 100 millones de dólares anuales por clonación de tarjetas, refirió Rodolfo Romero Flores, académico de la FD.
Para erradicar estos actos se requiere cooperación transfronteriza, fortalecer estándares de seguridad informática, desarrollar políticas públicas para prevenir y reducir el cibercrimen y generar acciones de vinculación con universidades, entre otras medidas, puntualizó.
Julio Téllez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de esta casa de estudios, mencionó que una de las prioridades de la administración federal es fortalecer la inteligencia del Estado para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas.
Una de las líneas de esta estrategia es impulsar, mediante estudios, iniciativas de ley para robustecer el ciberespacio. La ciberseguridad y el combate a la cibercriminalidad son asuntos de interés nacional, enfatizó.
Estrategia nacional
En el aula magna Jacinto Pallares de la FD, Ernesto Ibarra, representante de la Presidencia de la República, expuso que la Estrategia Digital Nacional está diseñada para incrementar el índice de digitalización del país, que actualmente ocupa el quinto puesto en América Latina y el último entre los integrantes de la OCDE, respecto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Entre otras acciones, adelantó, contempla la armonización jurídica entre los distintos códigos penales, programas de capacitación para los integrantes de la administración pública y el impulso de una cultura digital de protección de datos y ciberseguridad.
En tanto, Óscar Lira Arteaga, de la Procuraduría General de la República (PGR), expuso que los trabajos de informática forense incluyen seguimientos a través de Internet, recuperación de información en equipos de telefonía celular, rastreo de páginas y ataques a vías de comunicación, entre otras tareas. Más de 95 por ciento de las empresas que detectan un problema no tienen políticas relativas adecuadas, expuso.
La investigación y persecución eficiente de los delitos informáticos requiere que peritos y autoridades compartan un lenguaje común, una metodología y equipo adecuados para la adquisición de posible evidencia digital y la formación de recursos humanos especializados, con la finalidad de emitir dictámenes periciales con sustento científico que constituyan una herramienta para imputar penas o liberar inocentes.
Comunicado de la UNAM.
