El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), advierte que cualquier cambio a la reforma, debe hacer concurrir a la Secretaría de Educación Pública, a las autoridades educativas locales y al propio Instituto y que este siempre ha hecho lo conducente para aplicar las disposiciones legales que determine el H. Congreso de la Unión.
Mediante un comunicado, el INEE señala que en relación con el exhorto publicado ayer en la Gaceta Parlamentaria número 5111-III por la LXIV Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ofrece las siguientes consideraciones y propuestas:
1. El Instituto está convencido de que hay múltiples aspectos de mejora en materia educativa y está abierto al diálogo constructivo con todas las partes. Esto ha de darse dentro del marco de derecho que nos rige.
2. Trabajamos permanentemente en la construcción de esquemas que aseguren que toda evaluación tenga un carácter formativo; que ofrezca elementos claros de realimentación a las personas y a las instituciones involucradas; y que derive en esquemas de formación y apoyo para quienes más lo requieran.
3. Los procesos de ingreso y promoción –que permiten el acceso a una plaza docente o a un cargo de mayor jerarquía teniendo como único criterio de selección al mérito académico– ya han concluido para 2018. La evaluación docente que aún está pendiente es la referente al desempeño. Cualquier modificación a ella debe hacer concurrir a la Secretaría de Educación Pública, a las autoridades educativas locales y al propio Instituto.
4. La ley vigente establece efectos derivados de la evaluación de desempeño, como lo es el reconocimiento para quienes obtienen buenos resultados en la misma. Para 2018, miles de docentes ya se han inscrito para la evaluación programada por las autoridades educativas para el mes de noviembre, a efecto de procurar estos incentivos. Cualquier decisión que se tome debe respetar sus derechos.
5. El Instituto siempre ha hecho lo conducente para aplicar las disposiciones legales que determine el H. Congreso de la Unión. Contribuye así a garantizar el derecho a una educación de calidad para todas las niñas, niños y jóvenes de nuestro país.
