Gerson Hernández Mecalco*
El Universal
Los derechos humanos en nuestro país prevén la realización de manifestaciones públicas, sin embargo bajo ninguna circunstancia los derechos son absolutos e ilimitados, en especial cuando violan los derechos de los demás.
En el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el gobierno federal mexicano se ha atado a sí mismo las manos, con lo cual deja a los ciudadanos sin el principio general de gobernar para todos. La administración capitalina ha ido más allá al reformar leyes para no “criminalizar la protesta”, dicen ellos.
Si se mueve un dedo contra los manifestantes —aun si salen a las calles no para manifestarse sino para bloquear el mayor número de vías y edificios posible—, se utilizará por parte de los protestantes un discurso maniqueísta donde policías y gobierno son “represores” y los manifestantes “víctimas”.
Pudiendo marchar por un carril, la CNTE ocupa todos los de una avenida. Teniendo la alternativa de sólo gritar consignas afuera de una instalación, optan mejor por apedrearla. Razones y argumentos, que pueden existir, contra las leyes secundarias en materia educativa, se pierden en medio del método de “lucha” de los “profesores”. Una forma de hacer las cosas que, lamentablemente, ha probado ser eficaz hasta ahora…
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Académico de la FCPyS-UNAM
