La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió, para su análisis, el juicio de controversia constitucional que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) promovió en contra de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, debido a que ésta efectuó un recorte en el presupuesto para el 2019 que afectó a este organismo autónomo en una proporción superior a 43 por ciento con relación al presupuesto de 2018. La controversia fue admitida por la Corte y turnada al Ministro Alberto Pérez Dayán.
El INEE destaca que esta controversia no hace ni busca hacer referencia a los salarios de los funcionarios y personal del Instituto, y que realizó las reducciones a los salarios de acuerdo a la nueva Ley Federal de Remuneraciones, en tiempo y forma.
En el documento dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la consejera presidenta de este Instituto, Teresa Bracho González, se resalta que el presupuesto para 2019 se redujo en 43.2 por ciento, pese a que el Instituto enfrenta una mayor carga de trabajo, al tener que realizar importantes evaluaciones dirigidas a los alumnos de educación básica de nuestro país como son PLANEA y el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2019, este último en coordinación con la UNESCO.
También se señala que el presupuesto asignado a este Instituto para 2019 vulnera su autonomía constitucional y su organización interna, viola la división de poderes e impide el cumplimiento de sus fines en detrimento del derecho supremo de la niñez a disfrutar de una educación de calidad consagrada en el artículo 3° constitucional.
Entregado en tiempo y forma el pasado 11 de febrero, también destaca que con la reducción del presupuesto se violan los artículos constitucionales 1, 2, 3, 4, 16, 39, 40, 49, 74, fracción IV, 75 y 133. 2 La intervención de la Cámara de Diputados en materia presupuestaria provoca, por la vía económica, una redefinición de los programas y una restructuración orgánica que obliga al INEE a prescindir de personal capacitado que resulta indispensable para asumir los retos que le impone la Constitución en el ámbito de la evaluación educativa.
Por lo expuesto, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación espera que la Corte declare la inconstitucionalidad del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 asignado a este organismo autónomo y se conmine a la Cámara de Diputados a restituir los recursos presupuestales necesarios para el cumplimiento de su responsabilidad.
