En 2018, varios nos preguntamos cómo sería la política científica de este gobierno. Empezaron tratando de eliminar la autonomía universitaria de la Constitución. Prosiguieron tratando de imponer su propia visión, aunque en sus documentos hablaban de “diálogo de saberes” y “pluralidad epistemológica”. Sin probar, acusaron a varias científicas y científicos de corrupción y malversación de fondos. Hasta donde sé, no hubo suficientes pruebas para iniciar el debido proceso administrativo. Todo se asentaba en la narrativa maniquea de que hay, por un lado, la “élite mala” o “burocracia dorada” y por otro, el “pueblo bueno y sabio”. No pocos académicos y académicas aún creen en esta superioridad moral que permite ya descalificar a quien no piensa como uno.
Con la bandera de la “transformación” y acabar con la “ciencia neoliberal”, abrazaron la ilegalidad para imponer directores en algunos centros de investigación. Incluso, no sólo son ya capaces de relativizar el robo de las ideas (plagio), sino que ahora, la Cuarta Transformación, lo premia con cargos públicos y nombramientos en el Sistema Nacional de Investigadores. Ante todos estos hechos, ¿qué podría salir mal?
Para señalar de manera abierta estos errores, dialogar y prevenir que la política científica sea todo menos una acción pública orientada a resolver los problemas del sector, varios representantes de los centros de investigación, rectoras y rectores de universidades, personas de ciencia e investigadores nos reunimos el pasado martes en la Cámara de Diputados durante el 2º Foro de Parlamento Abierto.
Como nos enseñaron los buenos maestros, hay que discutir en público los asuntos que nos conciernen. En esta ocasión, revisamos y discutimos la iniciativa del Ejecutivo de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, aunque hay otras cinco que también hay que leer.
En mi participación, mencioné que la estructura de la Ley me parece correcta. Luego de las disposiciones generales se presentan las obligaciones de los actores y enseguida las bases de la política pública, los componentes de ésta y las “bases de coordinación”. No obstante, en el contenido del decreto también advertí que se usan indistintamente los términos: Gobierno Federal, Estado, Federación, Poder Ejecutivo, Ejecutivo Federal cuando las funciones, capacidad y tiempos de actuación son distintos. Esto podría complicar la implementación de la política científica del país.
En segundo lugar, advertí, al igual que varios colegas universitarios, un “espíritu” de control. Es decir, que mediante esta ley no sólo se busca regular conductas y distribuir atribuciones, sino que también se desea definir de manera central qué hacer. Esto contradice su carácter “general” y nos infantiliza. ¿No nos quejábamos de esta verticalidad ante las leyes emanadas de la reforma educativa del sexenio pasado?, pregunté a las y los diputados de Morena ahí presentes. Memoria y congruencia ayudan a legislar.
También critiqué que la austeridad sea considerada como “base” de la política científica del país y expresé la necesidad de reconstituir la confianza entre la comunidad científica del país. Revisar, dictaminar y aprobar esta ley va a requerir un esfuerzo extra de los representantes gubernamentales. No hay ninguna autoridad al aprobar una ley de ciencia por medio de conductas anticientíficas. La cancelación de diálogo no sólo genera polarización y violencia, sino que allana el camino para el error gubernamental.
