*Laura Acosta/ Cuestionando la Inclusión y Educación Especial Hoy
El pasado 29 de junio de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en México, invalidó el Capítulo VI, “De la Educación Indígena”, y el Capítulo VIII, “De la Educación Inclusiva”, de la Ley General de Educación debido a la omisión e incumplimiento del Cámara de Diputados – H. Congreso de la Unión de la obligación de consultar tanto a la población indígena como con discapacidad previo a la expedición de la ley, de conformidad con los artículos 2° de la Constitución General, 6 del Convenio 169 de la OIT y 4, numeral 3, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (https://www.internet2.scjn.gob.mx/…/comu…/noticia.asp…)
En el caso de las personas con discapacidad, la Convención, a la cual México ha ratificado su adhesión, establece que: “en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan”, y su Comité ha realizado ya las observaciones pertinentes respecto a los lineamientos básicos sobre cómo debe ser dicha consulta (http://www.convenciondiscapacidad.es/…/Observacion-7…) así como a las preocupaciones y recomendaciones sobre el proceder del Estado mexicano (https://hchr.org.mx/…/hchr/images/doc_pub/G1419180.pdf).
La importancia de realizar esta consulta radica no sólo en el cumplimiento de un derecho sino en el cuestionamiento de una ley hecha sin la consideración de los intereses y necesidades de una población estudiantil para quienes determinará y afectará directamente su realidad educativa. Un ejemplo de ello es el todavía actual “debate” entre la educación inclusiva y la educación especial, que se ve reflejado en esta ley que intenta dar lugar a ambos criterios pero ha confundido la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación con la atención de las necesidades educativas especiales (como lo ha señalado Educación Especial Hoy en su cuenta de Twitter) sin el reconocimiento de lo que las personas con discapacidad esperan de su educación y de su vida escolar.
Por ello, requerimos a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados – H. Congreso de la Unión la elaboración conjunta de una propuesta detallada para realizar una consulta accesible, diseñada con los ajustes necesarios y que verdaderamente garantice la participación y escucha de todos los estudiantes (niños, niñas, jóvenes y adultos) y maestros con discapacidad en el país, así como los cuidadores, las familias y organizaciones que les representan, que deseen participar abiertamente en ella.
Se necesita establecer un protocolo de consulta y, por lo tanto, que primero se nos consulte sobre cómo será la consulta y posteriormente sobre cómo será la educación inclusiva en México.
#CuestionandoLaInclusión de consultas ciudadanas en el establecimiento de leyes y políticas públicas.
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