Los gestos en la narrativa de la política sobre ciencia y tecnología, las continuidades, discontinuidades y rupturas en la legislación, así como el tema financiero para estas áreas dentro de la cuarta transformación, fueron discutidos por especialistas en el foro sobre las leyes secundarias de la Reforma Educativa, El futuro de la educación pública en México.
La tercera mesa de discusión de este espacio organizado por el Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Cinvestav y Educación Futura el pasado 22 de agosto, abrió el debate con la participación de Julia Tagüeña, coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
La científica afirmó que en México debe priorizarse el desarrollo social, pero también debe haber innovación y ésta va de la mano con la iniciativa privada, lo que obliga a desarrollar un sistema justo y que genere ventajas para el país, sin embargo, aún no existe una iniciativa oficial con la propuesta de Ley de Ciencia Tecnología e Innovación.
Rosalba Ramírez, investigadora del DIE, expuso su preocupación ante la ausencia de menciones sobre ciencia básica y ciencia aplicada dentro del documento que circula como propuesta extraoficial de ley, ya que esto abre un debate acerca del papel del Estado en las decisiones de lo que debe investigarse y de la sana libertad de investigación.
El financiamiento y la participación de las instituciones, así como su autonomía, deberían estar claramente definidas dentro de la ley que se apruebe, por lo que Alma Maldonado, también investigadora del DIE, hizo un llamado a fortalecer el debate entre autoridades del Conacyt y los poderes Legislativo y Ejecutivo para evitar que la legislación tenga un carácter centralista y de orden vertical.
Claudia Díaz, investigadora de la Universidad Autónoma de Metropolitana, puntualizó dos cuestiones que no se abordan en la propuesta: la manera en que se combatirán los desequilibrios en la producción de capacidades en ciencia, tecnología e innovación en el país, y la generación de leyes habilitadoras que atiendan los problemas específicos de las regiones.
También destacó la contradicción de que se promoverá sólo la ciencia pública, pero pidiendo que haya mayor inversión privada para ello y sin dar incentivos a las empresas.
Alejandro Canales, investigador del Seminario de Educación Superior e Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, cerró con una identificación de cinco puntos de ruptura en la práctica del actual gobierno Federal, con respecto al trabajo previo en ciencia y tecnología.
El primero es la modificación de la gobernanza del sistema de ciencia y tecnología, que se ha venido consolidando durante las últimas dos décadas; en segundo lugar, la centralización de las decisiones; el tercer elemento es el ejercicio directo de los recursos; como cuarto punto, la supresión de los organismos públicos intermedios, y el quinto, dar más instrumentos y capacidades al organismo rector empezando por el financiamiento.
