El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), advierte que de los más de 300 mil niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes, solamente entre 14 y 17% de ellos asiste a la escuela.
Durante la presentación de las Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes, la Consejera Presidente del INEE, Sylvia Schmelkes, señaló que el Estado ha incumplido la obligación de garantizar el acceso a la educación de esta población.
En este sentido, recalcó que la mayoría de estos niños de familiares de jornaleros agrícolas no asiste a la escuela y quienes sí lo hacen, no concluyen sus estudios.
Esta niñez interrumpe sus estudios de manera constante y por el hecho de repetir sus estudios tienen que repetir grados, de manera que una porción muy importante de la matrícula se encuentra en los primeros dos grados de la educación primaria, llega a la edad de trabajar, que generalmente es a los trece años y eso genera que deserten antes de concluir, inclusive, la primaria.
Además, recalca que el presupuesto público asignado por el gobierno para la educación de esta población disminuyó en poco más de 50% en los últimos cuatro años, en tanto que los planes y programas de estudio vigentes no consideran las condiciones y características específicas de esta población, y los libros, y los materiales didácticos no sólo no son suficientes, sino tampoco los que se requieren.
Detalló que existe gran inequidad en el gasto gubernamental en este rubro, pues mientras el promedio anual de gasto para un alumno de primaria es de 14,100 pesos, para los niños jornaleros es apenas de 3,735 pesos.
Las directrices que publica el INEE emite son:
- Rediseñar las políticas de atención educativa a partir del fortalecimiento del presupuesto público, los procesos de planeación, la coordinación institucional y la participación social.
- Asegurar la pertinencia de un modelo educativo intercultural, así como la disponibilidad, idoneidad y desarrollo profesional del personal con funciones de docencia.
- Desarrollar un Sistema Unificado de Información Educativa y adecuar las normas de control escolar.
- Fomentar la innovación, la evaluación educativa y la gestión social de proyectos.
De acuerdo a la Ley General de Educación y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, las autoridades educativas tendrán un plazo de 60 días naturales para responder públicamente a estas directrices, y señalar la manera en que las directrices serán atendidas en sus planeaciones o programaciones educativas, como lo señala la legislación vigente.
