Los resultados de la primera fase de la evaluación del desempeño docente “no permiten establecer diferencias claras entre prácticas docentes adecuadas e inadecuadas y, más aún, pueden provocar que se premie o castigue a quien no lo merece”, concluyó el Instituto Belisario Domínguez en su reporte Temas estratégicos número 34.
El instituto destacó que la evaluación aplicada es “una versión sensiblemente reducida a la prevista en la ley, también enunciada por el INEE y recomendada por organismos internacionales, como la OCDE”.
“Los 106 mil profesores y directivos de educación básica participantes fueron evaluados con instrumentos que apenas recogen información sobre el conocimiento que poseen de su materia de trabajo y de las normas a las que deben sujetarse, pero no de las competencias que despliegan para crear un ambiente favorable al trabajo en el aula o en la escuela y, especialmente, para guiar el aprendizaje de los estudiantes”.
Razón por la cual el IBD recomendó “evaluar la evaluación aplicada: sus bases (perfiles, parámetros e indicadores) y, especialmente, los contenidos y la calidad técnica de los instrumentos aplicados, incluidos los criterios de calificación utilizados”,
Publicado en semanas pasadas, el reporte realizado por la Dirección General de Investigación Estratégica también planteó que “debe ser objeto de esta evaluación el diseño institucional para la puesta en marcha de la reforma en materia educativa actualmente en marcha”.
El IBD reconoció a la evaluación, en sus distintas modalidades –ingreso, promoción y permanencia– como una medida clave, pero no la única, de la reforma del sistema educativo.
El documento señaló que las consecuencias de la evaluación son de alto impacto en la trayectoria profesional de cientos de miles de profesionales de la educación, “lo cual obliga a una evaluación de muy alta calidad”.
El documento puede consultarse aquí:
